La Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) advierte que el cumplimiento de la nueva Directiva TARU (Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas) requerirá una inversión sin precedentes: más de 24.500 millones de euros para modernizar las infraestructuras españolas.
El documento de posicionamiento de DAQUAS resalta que los cambios técnicos exigidos —como tratamiento terciario y cuaternario, control de microcontaminantes y eficiencia energética— representan un desafío mayúsculo para el país.
Aunque España acumula retrasos estructurales en depuración y cuenta con una gobernanza fragmentada del agua, DAQUAS ve en esta normativa una oportunidad para avanzar hacia un modelo más moderno y sostenible.
La asociación insta al Gobierno a liderar una estrategia de país, coordinada entre administraciones y con tarifas que reflejen los costes reales del servicio, para asegurar que la normativa se cumpla sin comprometer la calidad ni la viabilidad económica del sistema